Una reforma olvidada

No hay actividad, empresa, institución inmutable. Es mas, la inacción destruye todo. El cambio, por oposición, es un ejercicio que por lo menos intenta vitalizar a los seres y sus organizaciones. La reflexión, el estudio son los mecanismos de maduración y perfeccionamiento. Sin embargo, que duro es corregir el atraso intelectual, las distorsiones, malas prácticas, ineficiencias que se construyen a lo largo del tiempo. Esto ocurre en todos los ámbitos: el público y el privado; el personal y el societario; el profesional y el gremial.


Lo cierto es que las sociedades se anquilosan. Repudian el cambio. No les gusta revisar los postulados en los que se asientan sus acciones, apenas abren el compás de un parche para acomodar en algo la estructura. Les agobia pensar en modificaciones profundas. Se pierde la objetividad, se desprecia la razón a cambio de la conservación de los espacios de poder adquiridos.


Por eso, un tema pendiente es el papel del Estado y su organización. Poco se ha hecho para adecuarlo a las realidades del momento. En algunos sectores nada se quiere hacer para corregir su configuración y ponerla a tono con una sociedad inmersa en un mundo globalizado, que depende del intelecto y tiene una economía de mercado.


La tarea es enorme. Limpiar las políticas y reconstruir las instituciones, volverlas nítidas, hacerlas solidarias y eficaces exige esfuerzo y compromiso, empezando por reconocer que el problema existe. Sino, veamos un tema.


Desde el año 2001 duermen en el Congreso Nacional las reformas a la ley de Régimen Municipal. No se entienden las razones de fondo que impiden racionalizar estas normas, sabiendo que las vigentes promueven actos de corrupción, daños a las finanzas municipales, y son un óbice, justificado o aparente, para que las entidades públicas propietarias, a la fuerza, de bienes raíces no puedan venderlos.


La razón es evidente. Las tasas e impuestos municipales son desproporcionadas y eso ha llevado a una práctica generalizada de elusión consentida por las propias autoridades. La solución es racionalizar los tributos de tal forma que se erradiquen estas distorsiones y prácticas censurables, que además constriñen la inversión y el empleo.


En concreto hay que reducir el impuesto a la compra- venta de inmuebles a un nivel que obligue a registrar en las escrituras públicas los valores comerciales de los bienes y con ello imponer su uso en el sistema financiero para la cuantificación de las garantías.


El impuesto predial debe vincularse con el valor comercial del predio lo que llevaría a eliminar la plusvalía pues el tributo se actualiza permanentemente, quedando aparte sólo la tasa por mejoras. Igualmente, la patente municipal debe ser regulada con un sistema que la mantenga siempre al día, con lo cual el impuesto al capital en giro ya no tendría sentido pues responde al mismo concepto.


Los propietarios deben tener el derecho de valorar sus bienes para el pago de los impuestos y los municipios la opción de comprar los inmuebles a esos precios fijados si existen evidencias de subvaloración y evasión tributaria.


En definitiva se puede construir un sistema mucho más sencillo, que asegure las finanzas municipales, destierre las distorsiones, promueva la inversión inmobiliaria. Si queremos impulsar empleo, aquí hay una vía que se complementa con la reforma a las cedulas hipotecarias.


Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Junio 5 del 2003

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