Inquietudes nacionales

Antes de contestar las preguntas que me han formulado en esta semana, permítanme absolver los comentarios recibidos sobre el endeudamiento público y el presupuesto nacional.

En la anterior columna decía que el problema que enfrenta la economía nacional no es la deuda externa sino el endeudamiento público total. Desde 1995, los gobiernos de turno han recurrido al endeudamiento interno en dólares como una válvula de escape al cierre de los mercados internacionales, y de esta forma han construido una deuda mas compleja de resolver, pues los tenedores de bonos son entidades públicas y privadas nacionales que por diversos motivos, unos voluntarios y otros obligatorios, se han convertido en acreedores del estado ecuatoriano. Incluso, dentro de esta deuda consta la derivada de la ley de la AGD y las obligaciones pendientes con el IESS y las FF.AA.

Con esta realidad, hablar de la reducción en el pago de las obligaciones públicas, tropieza con las dificultades que se crea no sólo en las relaciones internacionales, cuyas consecuencias ya las hemos sufrido y que ponen en peligro toda la gestión económica del país (el año 1999 es un ejemplo cercano y dramático que llevó a la pérdida de la moneda nacional), sino que ahora además desestabiliza la organización interna de la sociedad.

De ocurrir esto, los primeros perjudicados son los sectores aparentemente reivindicados por quienes dicen defenderlos, pues se pierden recursos internacionales para proyectos sociales, se retrae la inversión, salen capitales, se destruyen fuentes de trabajo, caen los depósitos, suben los intereses, se contrae la economía. La pobreza amplía su presencia. El viejo nacionalismo y la llamada defensa de los intereses nacionales no consiguen sus propósitos. Quienes insisten en esta vía no han evolucionado con el mundo cuyos cambios obligan a un replanteo de la estrategia para alcanzar los objetivos. El socialismo moderno trabaja en un medio económico distinto y usa instrumentos diferentes.

Gráficamente eso se ve en el presupuesto nacional. Si el país decide no pagar la deuda, tampoco va a recibir nuevos recursos, además de crear un clima de inseguridad que provoca los efectos dichos antes. Hacer esto es implantar terrorismo económico camuflado en el populismo. En este ambiente horrible, el peso total de la deuda, calculado por las amortizaciones de capital e intereses dentro del presupuesto llega a $ 2.403 millones, que significa el 45% del gasto público total. Sin embargo, si el programa económico es creíble y consistente, este peso se reduce a $ 676 millones, o lo que es lo mismo al 13% del gasto público pues se reciben $ 1.727 millones de nuevos créditos que ayudan a compensar en gran medida los pagos antes indicados.

Finalmente, si los cálculos extremistas, apocalípticos del peso del endeudamiento se hubieran cumplido, ha ce mucho rato ya habríamos pagado la deuda y eso, como todos conocemos de memoria, no ha ocurrido. Lo que hemos obtenido son dos reducciones de la externa en 1994 y el 2.000 en medio de un ambiente interno malo y una posición externa estrangulante. ¿Queremos esto otra vez?

Una vez que se conoce el contenido definitivo del presupuesto del Estado, ¿existen algunas alteraciones a los compromisos adquiridos en la Carta de Intención con el FMI, sobre todo por las reasignaciones con las que se aprobó el presupuesto?

Parecería que no. El Congreso reasignó 127.2 millones de dólares recortando 52 millones a la Defensa Nacional, cuya deuda adquirida por los aumentos de sueldos en el gobierno anterior se le pagará en varias cuotas anuales, 42 millones a intereses que por lo conocido es asimilable, 20 millones a Petroecuador y 13 millones a varios sectores. Los beneficiados fueron Educación con 39.4 millones de aumento, el sector Agropecuario con 12.5 millones, Vivienda con 9 millones, entre otros. El monto total del Presupuesto no cambió.

El Congreso utilizó todo el margen de expansión que le permite la Ley de Transparencia Fiscal, con lo cual el gobierno no tiene margen alguno de maniobra. No puede aumentar el gasto en un centavo a lo largo del año. Ojalá lo cumpla. La asignación de 165 millones adicionales para la educación quedó fuera del Presupuesto y su ejecución está constreñida a la existencia de recursos permanentes adicionales, con excepción de los petroleros que alimentan el Fondo de Estabilización Macroeconómico.

¿Es constitucional que el Gobierno Nacional se haya comprometido con el FMI para no reajustar las pensiones de los jubilados y congelar los préstamos quirografarios?

Los fondos y reservas del seguro social son propios- de los afiliados- y distintos de los del Estado. Ninguna institución del Estado puede intervenir en estos fondos ni afectar su patrimonio. Las pensiones por jubilación deben ajustarse anualmente según las disponibilidades del fondo respectivo. No podrá crearse una prestación no mejorarse las existentes si no están debidamente financiadas según estudios actuariales.

Lo anteriormente expuesto consta en el Art. 59 de la Constitución Política del Ecuador. Queda claro que son recursos privados y no deben confundirse con las cuentas públicas. A los afiliados y al país les conviene separar el sistema de pensiones de las finanzas públicas. Su administración debe ser profesional y no monopólica. El afiliado debe tener el derecho a escoger quien le maneja sus aportes. Con esta base es evidente el error de la Carta de Intención, que debemos aprovecharla para conseguir la estructuración de un verdadero sistema de capitalización individual con una base solidaria. La discusión también ayuda a clarificar la calidad de los recursos como privados y de los afiliados.

Por las actuales restricciones fiscales, ¿de qué manera se puede programar, sin mayores costos sociales ni alteraciones políticas, un destino diferente para las refinerías estatales?

El Estado ecuatoriano no tiene recursos excedentarios y si el sistema de refinación nacional requiere de subsidios masivos, su sostenimiento y viabilidad se ven acorralados por esta realidad. En ese sentido, el estudio de Eduardo Mayorga del Banco Mundial aclara el panorama pues determina que las pérdidas anuales de la refinación y distribución de combustibles se acercan a los 500 millones de dólares. Bajo esas condiciones al Estado le conviene cambiar su estrategia, preservando la inversión realizada pero sometiéndola a un régimen económico diferente.

Petroindustrial debe ser parte del mercado de combustibles, sometido a las mismas condiciones de las empresas privadas en todos los aspectos: tributario, laboral, comercial. Debe estar lista para competir y para eso su eficiencia y productividad requieren modificaciones profundas. No debe tener restricciones operativas que le impidan trabajar en un ambiente comercial abierto, pero tampoco debe recibir un trato fiscal preferencial.

Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Marzo 6 del 2003