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Inquietudes nacionales

El gobierno saliente durante el año pasado negoció un préstamo de 240 millones de dólares con el FMI que no prosperó. ¿Cuál es la razón de que la Comisión del nuevo Gobierno inicie la negociación pidiendo un préstamo de 500 millones de dólares?


Las consecuencias del fracaso en las negociaciones con el FMI en el 2002 las tenemos muy claritas en los atrasos presupuestarios, muchos de los cuales, si no todos, tendrán que pagarse con los recursos del 2003. La herencia está ahí y hay que pagarla. A esto se suma las necesidades propias del Presupuesto del 2003 que por lo que se estima son de un valor representativo. Entonces, la estrategia que se ve en la propuesta es la de conseguir la mayor cantidad de dinero que sea posible de los multilaterales para reducir el peso de las necesidades de la caja fiscal.


En el 2003, la amortización de capital de la deuda pública es de 1.294 millones de dólares, de los cuales 478 millones corresponden a deuda interna, 425 millones a deuda con multilaterales, 208 millones a gobiernos.


Si el Estado dispondría de excedentes podría utilizarlos, en una parte, para reducir la deuda pagando estas amortizaciones, pero como no tiene ese dinero, debe buscar, en las mismas fuentes nuevos recursos para anular este desequilibrio como factor de ajuste fiscal y ganar tiempo hasta concebir una estrategia que resuelva ordenadamente este cuello de botella. Ahí se inscribe el paquete de 500 millones que es producto de los 240 millones del FMI y la diferencia, 260 millones del Banco Mundial y BID, al que falta adicionar el compromiso de la CAF y encontrar un mecanismo de refinanciamiento de la deuda interna.


El programa con el FMI viabiliza una nueva ronda de negociación en el marco del Club de París, se abren nuevas líneas de Gobierno y de proveedores. La deuda interna refinanciada, también contribuye.


¿De qué manera afectará a la economía ecuatoriana la decisión de la OPEP de aumentar la producción de sus miembros para contrarrestar la situación de Irak y de Venezuela?.


Según las informaciones provenientes de esa organización, este fin de semana está convocada una reunión de emergencia para discutir la propuesta Saudita de elevar la producción en 1.5 millones de barriles diarios. No está claro todavía la existencia de un consenso en este sentido. Hay países como Algeria y Libia que consideran la opción de incrementar hasta un millón de barriles al día.


De producirse esta decisión, habría un cambio fundamental en la posición de la OPEP, que desde su reunión del 12 de Diciembre mantiene la tesis de reducir la producción en 1.7 millones de barriles diarios. No se sabe en estos momentos si la decisión ha sido aplicada por los países del cartel y si el incremento es sólo compensatorio de lo decidido en Diciembre pasado.


El problema que lleva a considerar la nueva estrategia comercial es el precio actual del crudo que supera los 30 dólares el barril producto del impacto que tiene el mercado por la restricción del 80% de las exportaciones venezolanas y la crisis alrededor de Irak. Estos dos países aportan en conjunto con cuatro millones de barriles al día. La OPEP no tiene capacidad inmediata de suplir esta restricción, además de que no tiene intención de hacerlo sobre el caso de Venezuela ya que espera una solución rápida y no quiere influenciar en el conflicto político.


La idea entonces es suplir la parte Iraquí y conseguir que el precio vuelva al rango objetivo entre 25 y 28 dólares el barril del crudo marcador. Para el Ecuador eso significa retornar a un nivel de 21 a 23 dólares. Hoy está por encima de los 26 dólares.


¿Qué implicaciones puede tener que iniciemos el año 2003 con una reserva monetaria que ha caído a 970 millones de dólares?


Este indicador ya no tiene la interpretación de la época cuando el régimen cambiario se sustentaba en una moneda nacional. Para decirlo de otra forma, ya no representa el respaldo a las operaciones con el exterior sino demuestra la cobertura de la dolarización al compararla con las obligaciones inmediatas y mediatas del BCE. En ese sentido es inferior al 30% y esa limitación, con sus variantes ocasionales, existe desde el inicio de la dolarización.


La razón de su caída está determinada por el aumento del gasto público que ha reducido el saldo de sus cuentas en el BCE.


Se habla mucho de gobernabilidad y de pactos que favorezcan la conducción estatal. A pesar de los vientos políticos adversos al gobierno en el parlamento; ¿será posible concertar puntualmente posiciones para la proforma presupuestaria y las leyes que considere urgente el gobierno?


Este es el Talón de Aquiles del país y de la política económica. Sin consensos políticos razonados, objetivos y coherentes, no hay futuro. Sin un manejo equilibrado de las cuentas fiscales no hay horizonte para la equidad, la producción, el empleo.


La política y la economía forman parte de un sistema de vasos comunicantes. Se nutren o destruyen mutuamente.

La colaboración entre las funciones del estado es vital. Los desentendimientos deben ser fundamentados en tesis de fondo y no en conveniencias del momento.


En lo relativo al Presupuesto del 2003, el Gobierno entrante tiene la responsabilidad de presentar una pro forma sustentada en premisas reales, cumplibles, y que además esté equilibrada. El Congreso no puede aumentar los gastos aunque si tiene facultad para cambiar su estructura. Ojalá no vuelva hacer lo que ya ocurrió con el Presupuesto del 2002 donde irresponsablemente redujeron partidas de obligaciones contraídas y que tenían que pagarse, para asignarlas a conceptos vinculados con los diputados.


Los índices económicos que ha presentado el gobierno nacional al finalizar su mandato al parecer son muy buenos. Entonces, ¿cómo es posible explicar la penuria fiscal de las últimas semanas?


Algunos son buenos pero deben ser analizados en el contexto de la política económica ejecutada. La inflación bajó, es cierto, pero lo hizo muy lentamente y todavía falta para llegar al nivel compatible con la dolarización. El PIB creció, pero hay que analizarlo con las bases de cálculo anteriores y frente a lo que podía alcanzarse si no se detenían decisiones críticas de cambios estructurales. La obra pública es evidente: el OCP es un símbolo. La política agraria, calladita pero efectiva. La corrupción irresuelta y con manchas propias. El gasto fiscal desproporcionado. Los atrasos se ven en las calles. Se perdieron oportunidades de cambio. El futuro dirá si el informe tiene razón o los acentos están exagerados.


Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Enero 10 del 2003

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