Inquietudes nacionales

¿Considera que fue prematuro de parte del Presidente electo anunciar medidas duras, aún sin tener las cuentas fiscales claras?

Se nota una tendencia a declarar hechos a medias. La denuncia de intento de soborno ya fue un antecedente. En este caso parecería que la reunión con la misión del FMI le dejó un sabor amargo inaguantable, y no es para menos si lo que debe hacer es corregir los desbalances creados por los excesivos gastos de estos dos últimos años.

De otra parte, también se podría decir que con esta declaración se aprecia una posición dispuesta a enfrentar sus responsabilidades para alcanzar un acuerdo con los organismos multilaterales. En ese plano es un signo de aproximación hacia la búsqueda de una economía estable, con un Estado viable y predecible. Ojalá sea así, porque el problema central que enfrenta el país desde hace algunos años es la desarticulación de la organización pública con su perdida de institucionalidad.

Los números de las cuentas públicas son elocuentes. En el año 2000 los egresos del Presupuesto del Estado, que maneja el Gobierno, llegaron a 3.217 millones de dólares y en el año 2002 alcanzarán los 4.506 millones. Es decir, en apenas dos años se incrementaron de manera permanente casi 1.300 millones de pagos anuales, lo que significa un 40% mas de obligaciones. Al desglosar este resultado se ve que los intereses de la deuda pública se redujeron de 1.009 millones a 813 millones de dólares anuales, los sectores sociales y la inversión pública no recibieron mas recursos, con lo cual el destino de todos estos nuevos egresos no es otro que el gasto corriente.

Esta conducta dispendiosa que además es inconsistente con los objetivos de la dolarización, también se reprodujo en las demás instituciones públicas. Sus egresos pasaron de 672 millones a 1.636 millones en estos dos años (143% de expansión). En conjunto entonces, el aparato estatal, sin tomar en cuenta ciertos subsidios como el de las eléctricas y el déficit de los bancos estatales, ahora requiere 2.300 millones mas (10% del PIB) para su operación anual.

Ahí está la explicación del problema. Ese tren de gastos no lo soporta el país, con el agravante de que no promueven producción futura. Por eso, al mirar el año 2003, el impacto de esta tendencia creciente de gastos, combinada además con reducción de ingresos arancelarios, cambio en las retenciones tributarias, nuevas obligaciones como las ofrecidas a Quito, acarrean un desfinanciamiento que no tiene otro destino que ajustes futuros por los dos lados: mas ingresos y recorte de gastos.

¿De qué manera, al empezar el nuevo gobierno se podrá conocer la situación financiera y el destino en términos de inversión de los recursos del IESS?

Las autoridades actuales, tanto la Comisión Interventora como la Dirección Nacional han dado información. Se conoce mas sobre los problemas del sistema de seguridad social, pero quedan por resolver las profundas limitaciones que tiene la estructura legal aprobada recientemente por el Congreso Nacional y el Ejecutivo. Si queremos disponer de un verdadero sistema de protección social, solidario y promotor del ahorro nacional, hay que revisar las bases del actual.

En este campo, el gobierno tiene una brecha estructural abierta de magnitud que no se la contempla en las estimaciones fiscales de largo plazo. Sin embargo, como la situación financiera coyuntural es superavitaria y se la ve en la acumulación de depósitos en el BCE, se la utiliza para compensar el déficit del momento. En la práctica, lo que se hace es rentabilizar esos recursos con la compra de bonos del Estado, lo que sumado a las deudas acumuladas hace que las inversiones en su gran mayoría corresponden a papeles del estado ecuatoriano. Por eso, en el caso de una moratoria, uno de los mas afectados sería el IESS, y con ello todos los afiliados.

Con la unificación salarial y los aumentos en las remuneraciones, los aportes crecieron notablemente. Eso se refleja en las cuentas actuales. Mensualmente las recaudaciones llegan a 50 millones. Los afiliados activos que pagan sus contribuciones mensuales si bien se han reducido de 1’100.000 en noviembre del 2000 a 900.000 en marzo de este año, su sueldo promedio de aporte pasó de 48.94 en enero del 2000 a 214.21 en marzo del 2002. De paso, con estas cifras surge la pregunta:¿Es posible afirmar que con la dolarización se ha deteriorado la distribución del ingreso?. Difícil respuesta.

De otra parte, con el nuevo sistema de prestaciones y fondos independientes, la situación del fondo de pensiones es mas equilibrada aunque no ofrece una jubilación digna, mientras la del correspondiente a salud es delicada, y ahí la aportación estatal va a ser inesquivable.

Como parte de la política de rendición de cuentas, el IESS debe informar periódicamente sobre su situación y las proyecciones de largo plazo.

¿Considera usted que la prolongada crisis de Venezuela va a alterar el precio del petróleo en el mercado internacional.

Lo está haciendo en estos días. Aquí nuevamente es una situación del momento que deberá corregirse tan pronto se encuentre una solución política en ese país. Este caso se suma a la incertidumbre del medio oriente. De otra parte, la lenta recuperación económica de los EEUU compensa la posición de este mercado con la presencia de una demanda inferior.

En términos netos la situación actual es mas propensa a favorecer a los consumidores. El precio de los hidrocarburos tiende a caer y en esa perspectiva la OPEP empieza a dar señales de querer reducir su producción.

¿Puede pedir el próximo Congreso Nacional cuentas al actual Presidente de la República por las graves falencias fiscales del ejercicio del 2002.

Es obligación del actual mandatario rendir su informe final de gestión entre el 6 y el 14 de Enero próximo. Así lo manda el numeral 7 del Artículo 171 de la Constitución política. Por su parte le corresponde al Congreso pronunciarse sobre su contenido.

Según el artículo 130 de la Constitución, el Presidente, en funciones o hasta un año después de concluido su período, sólo puede ser enjuiciado políticamente por cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, o por delitos contra la seguridad del Estado. Si del juicio se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispone que el asunto pase a conocimiento del juez competente. En este caso el Presidente de la Corte Suprema.

Finalmente el Artículo 120 de ese mismo cuerpo legal señala que no hay funcionario, dignatario o autoridad exento de responsabilidad por sus actos u omisiones.

Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Diciembre 12 del 2002