Inquietudes nacionales
¿Conoce usted en qué consiste los planes y estrategias económicas de los dos candidatos que el pueblo ecuatoriano eligió como finalistas? Si no los han expuesto con claridad, qué se puede pronosticar?
Los programas económicos de gobierno de los dos candidatos son generales, en su mayor parte declarativos, sin contenido sobre la forma en que se los ejecutará. Contienen eso si reivindicaciones sociales sobre educación y salud pero no indican las fuentes de financiamiento. Hay un amplio campo de interpretación respecto de los mecanismos e instrumentos que pueden utilizarse para alcanzar los objetivos declarados.
El Crnel. Gutiérrez propone: Respeto a la propiedad privada. Promover el crecimiento económico, multiplicar las unidades productivas como generadoras de fuentes de empleo estables. Impulsar la construcción de vivienda social. Propiciar el fortalecimiento del CAN. Mantener relaciones activas con FMI, BM, CAF. Negociar dentro del marco del ALCA. Reforzar las relaciones con la UE y los países del Pacífico. Racionalizar la estructura del Estado para modernizarlo. Mantener la dolarización. Combatir la corrupción para que funcionen los principios del modelo económico. Impulsar los sectores de petróleo, turismo y microempresa. Crear cultura tributaria, combatir la evasión, manejar un presupuesto con gastos controlados. Promover la libre competencia con un Estado regulador. Reincorporar al país a la OPEP. Adaptar la economía a la competencia externa. Mejorar productividad y competitividad. Fortalecer el mercado de capitales. Impulsar zonas francas. Desarrollar un sistema financiero seguro y funcional. Diseñar políticas para aumentar ingresos estatales. Negociar deuda externa, en especial con FMI. Recomprarla y utilizarla en canje para programas sociales. Transparentar las contrataciones pública. Asegurar la provisión de productos de la canasta básica. Capitalizar el BNF.
El Abog. Noboa plantea: Trabajar para bajar riesgo país y los índices de la corrupción. Respetar el Presupuesto del Gobierno. Descentralizar la administración estatal. Reformar el IESS y eliminar los sindicatos. Reactivar las cedulas hipotecarias para impulsar la construcción de viviendas. Transparentar las cuentas públicas. Crear centros de productividad empresarial. Fomentar el libre comercio. Sostener la dolarización con un mejor control del déficit fiscal y de la balanza de pagos. Disminuir las tasas de interés. Apoyar a la banca. Disminuir el impuesto a la renta a las personas al 10% y a las grandes empresas al 15%. Privatizar los bancos del estado en poder de la AGD. Mantener relaciones con el FMI. Continuar en el CAN para hacer realidad el ALCA. Promover inversión. Impulsar sector petrolero.
El Artículo 171, numeral 2 de la Constitución Política determina que el Presidente entrante, el día de su posesión debe presentar el plan de gobierno con los lineamientos de sus políticas y acciones que se obliga a ejecutar. Es de esperar que durante esta segunda vuelta se clarifiquen los temas fundamentales de los programas de cada finalista, antes de consignar el voto el 24 de Noviembre.
¿Cuáles son las perspectivas del mercado internacional del petróleo, una vez que la estrategia contra Irak, se vio alterada por el conocimiento de la potencialidad nuclear de Corea del Norte.
Las mismas. El problema sigue pendiente. Lo que ha ocurrido es que el Gobierno de los EEUU no obtuvo el apoyo de todos los países miembros del Consejo de Seguridad, que tienen derecho de veto para acelerar las acciones militares unilaterales en contra de Irak, y se encuentra negociando una fórmula menos drástica, pero simultáneamente de mayor rigurosidad y amplitud para la realización de las inspecciones y destrucción de las armas químicas o biológicas.
El tema de fondo es el mismo: destruir este arsenal. Lo que difiere es el método. El propuesto inicialmente por los EEUU quiebra el régimen internacional vigente. El actual, en negociación, mantiene el papel de la ONU.
El caso de Corea del Norte es el argumento que fortalece la posición de los “halcones” conservadores, pues ejemplifica, según ellos, las consecuencias de no actuar con prontitud y energía. Bajo esta perspectiva, las acciones militares contra Irak son riesgosas, pero ofrecen una posible solución a tiempo. En el caso de Corea sólo es viable la negociación, y ella compromete recursos y principios.
Independientemente de quien resulte elegido Presidente de la República, qué se puede prever sobre las tarifas o precios de servicios que se encuentran represados por el actual gobierno.
En el caso de los combustibles están pendientes tres temas: la liberación del mercado a un régimen de competencia, la determinación del componente tributario en el precio y la focalización del subsidio.
En las tarifas eléctricas los ajustes se reinician automáticamente a partir del 1 de Enero. El decreto de suspensión vence a fines de este año. En las telefónicas entiendo que la situación es similar. Estos temas además son parte de lo negociado con el FMI y forman el paquete de financiamiento del aumento de las remuneraciones públicas efectuado en este año.
Es justo que a Colombia se le den facilidades financieras por parte del FMI y otros organismos multilaterales y al Ecuador se lo haya cercado geopolíticamente por 240 millones de dólares. ¿Cuáles fueron las causas estructurales para que fracasen la negociación de un acuerdo entre el gobierno del Ecuador y el FMI?
En el caso colombiano el Acuerdo Stand by para los años 2002 y 2003, es una extensión del firmado en 1999 que vence los últimos días de Diciembre de este año. Se trata de la continuación de un proceso que le ofreció una línea de crédito denominada “blindaje” por 2.700 millones de dólares, que puede o podía ser utilizada frente a circunstancias imprevistas que desestabilicen al país. Por fortuna esos fondos no han sido girados y ahora se plantea una nueva facilidad directa de 2.000 millones para los próximos dos años. Colombia, por su parte, se compromete a mantener una situación fiscal equilibrada mediante la reducción de 740 millones en gastos y el aumento de los ingresos por 1.500 millones (1.8% del PIB)a través de la sobretasa del 10% del impuesto a la renta, que pasaría del 35% al 38.5%, y la modificación de la base impositiva de 550 dólares a 440 dólares de ingreso mensuales.
En el caso ecuatoriano, la excesiva expansión del gasto fiscal provocó las dificultades que terminaron con el proceso. La imagen y la credibilidad del gobierno conspiró con el proceso. Reconstruirla va a ser difícil para el entrante.
Colaboración Editorial
DIARIO EL COMERCIO
Octubre 25 del 2002