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Inquietudes nacionales

Las autoridades del Gobierno han manifestado que es inminente el acuerdo con el FMI. ¿Estarán dadas las condiciones para suscribir la Carta de Intención?


Hasta principios de semana esa era la percepción que se tenía sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con ese organismo. Sin embargo, con el transcurrir de los días se apreció un enfriamiento de las negociaciones, en especial por los siguientes hechos:


Al FMI le preocupa que a pesar de haberse dilatado la decisión de reducir las preasignaciones, en la Ley de Disciplina Fiscal se profundice esa práctica al incorporar nuevos compromisos de gasto extrapresupuestario que desnaturalizan el objeto central de la ley, que no es otro que disciplinar el gasto y crear un fondo de ahorro público. Además, la Ley en discusión redujo el monto de ahorro a la vez que estableció otros conceptos de destino de esos recursos, con lo cual se pierde la transparencia fiscal pues se crea un mecanismo fuera de presupuesto de uso de fondos públicos. El Presupuesto pierde representatividad por estas “ cajas chicas de gasto”.


También, se observa que el contenido del veto en la condicionalidad del destino del Fondo de Estabilización deja abierta la puerta al incremento del gasto interno, con sus derivaciones en inflación y deterioro del sector externo.


Es posición del FMI separar la Ley de Disciplina Fiscal de aquella relativa al tratamiento de las asignaciones obligatorias.


El Gobierno debería enmendar el contenido del veto para salvar la negociación con los multilaterales, pues indiscutiblemente atrás del FMI están las otras instituciones cuyas decisiones van de la mano con lo que ocurra en el Stand by. Incluso las relaciones con los EEUU, que no pasan por el mejor momento, se verían afectadas si no hay el Acuerdo.


Inquieta por otro lado, la información recibida de los mercados internacionales sobre la búsqueda de una facilidad petrolera que habría sido explorada para sustituir el acuerdo con el FMI, operación que por supuesto no cuenta con el apoyo de esa entidad.


También está pendiente la certificación del Club de París sobre la inexistencia de atrasos por parte del Ecuador. Mientras el Gobierno sostiene que está al día, en París dicen lo contrario. El arreglo final del Filanbanco es otro tema previo. Finalmente, se requiere conciliar las cuentas fiscales cuya publicación ha sido suspendida desde hace mas de seis meses.


¿Por qué motivo el SRI con las compañías petroleras, para la devolución del IVA no ha buscado el atajo de un arbitraje internacional, creándose un ambiente de confrontación que perjudica la inversión petrolera.?


Existió un diálogo entre el SRI y algunos personeros de los gremios empresariales, pero no se llegó a un acuerdo para tratar el tema por la vía de un arbitraje nacional. Había una disposición favorable de ambas partes para abordar el tema, pero se presentaron demandas ante la Sala de lo Fiscal, con lo cual se dificultó la solución de la controversia. Además, una compañía, ante el requerimiento de información hecha por parte de la entidad pública tuvo una conducta poco clara, mientras otras estaban, y me parece que todavía están dispuestas a abrir sus libros para justificar su posición.


El tema, como ya lo tratamos hace algún tiempo, es simple en su conceptualización. Tienen derecho a devolución del IVA aquellas que lo pagaron y no han recibido reembolso alguno. El SRI debe dar paso a ese reintegro. No pueden pretender a esta restitución si incluyeron el IVA dentro de sus costos y obtuvieron el reembolso por parte del Estado, o utilizaron el IVA para la determinación del porcentaje de participación petrolera.


Lo que no puede haber es doble reintegro. Como están las cosas, y a pesar de todo lo ocurrido todavía es posible y recomendable utilizar la vía del arbitraje, aunque el ambiente se ha dañado mucho y ya está afectando la inversión petrolera. La palabra la tienen el Gobierno y la Compañías.


Los nuevos directivos del INEC sostienen que la inflación al final del año, será de un solo dígito. ¿Cómo se podrá alcanzar tal resultado.


Como lo señaló el Diario El Comercio, para llegar a esa meta es indispensable no rebasar del 0.5% mensual de aumento de precios en los ocho meses que restan del año. ¿Será posible?. Si, pero va a ser muy difícil. Se ve un repunte en el índice de precios al productor y por esa vía se anticipa presión de costos en los procesos productivos que repercutirá en los precios al consumidor.


Las demandas de varios sectores sociales con el ejemplo creado en la negociación con los empleados del IESS, ponen en seria duda la meta propuesta. Aquí el Gobierno debe cambiar de posición. No puede abrir negociaciones frente a peticiones desmesuradas. Debe dar ejemplo de consistencia con la reducción de inflación.


El gasto público ha aumentado excesivamente. Hay necesidad de retomar una posición muy estricta de control en los egresos públicos. No es descartable la presencia de una inflación creada por exceso de demanda agregada.


El tipo de cambio de paridad, tomando como base el año 1994 está en 93, es decir ya se ubica por debajo del nivel de competitividad, y mientras mas se demore en caer la inflación, mas daño se hace al comercio exterior y la producción nacional.


¿En qué quedará la grave confusión que se ha producido entre la Comisión Anticorrupción y la AGD. Cuáles son los escenarios posibles. ¿Cómo saldremos de una nube en la que no hay nada claro en lo que tenga que ver el sector público con el sector financiero.


Todos conocemos la historia de la AGD. Incluso el propio Gobierno a comentado la serie de hechos y decisiones tomadas en contra del interés nacional. No se actuó con oportunidad ni con celeridad y eficacia. Por ejemplo, la coactiva fue soslayada. Hay antecedentes sobre la existencia de presiones que desnaturalizaron el objetivo de esta entidad. Por eso, cuando se analiza un caso, la denuncia de la CCCC debe ser puntual, clara, precisa, para no dejar dudas. No se entiende las razones que le impiden a la CCCC a recibir en audiencia a los posibles implicados en los casos de corrupción. El principio de defensa y el derecho a ser considerado inocente mientras no prueben lo contrario, debe ser parte consustancial de los procesos prejudiciales y judiciales, aún bajo los peores antecedentes


Todos demandamos transparencia para poder comprender los temas. Con insultos, agravios y frases sugestivas sólo se pierde credibilidad y se debilita los argumentos de fondo.



Colaboración

Diario EL COMERCIO

Mayo 10 del 2002

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