Inquietudes nacionales
Cómo asumirá el próximo gobierno que elijan los ecuatorianos la agenda económica fiscal que empieza por las tarifas eléctricas y telefónicas y por el precio político del gas.
Hay algunos temas que no se sabe todavía si van a ser resueltos por este gobierno o si pasarán a formar parte de la herencia que recibirá el próximo. El primero está vinculado con la liquidación de la deuda acumulada con el IESS, que según la forma de calcularla en dólares oscila entre un poco más de 300 millones ( versión del gobierno) y superior a 2.300 millones ( cálculo del IESS). Si se acepta la posición oficial, la viabilidad financiera del Instituto se pone en grave riesgo. Sería una “declaratoria anticipada de quiebra”, que a la postre obligaría al gobierno a asumir desordenadamente su responsabilidad para la supervivencia de este organismo. Si se acepta la versión del IESS, también se traslada a los próximos gobiernos la obligación de atender esta “nueva” deuda interna, que en realidad ya existe pero no consta en la contabilidad nacional.
El segundo es la recapitalización de Petroecuador que tiene limitaciones financieras muy severas para cumplir sus responsabilidades. En los últimos dos años no ha podido mantener los niveles de producción. Su declinación es permanente al punto de que no podrá cubrir la capacidad ociosa de transporte del SOTE que va a ocurrir cuando los crudos pesados se bombeen por el OCP. El daño que se ocasiona al Presupuesto es evidente, pero parece que las autoridades prefieren el día a día y no la sustentabilidad fiscal mediata.
El aspecto positivo de Petroecuador son los descubrimientos de nuevas reservas que consolidan la perspectiva de este sector y del país en un plazo razonable. La búsqueda de socios privados para recuperar la producción perdida y exploten las nuevas reservas conjuntamente con la empresa estatal, va a ser indispensable.
El tercero es el costo del congelamiento de las tarifas eléctricas, de teléfonos y del gas. Se estima en por lo menos 100 millones lo que tendrá que poner este año –o el próximo- el gobierno como consecuencia de esta decisión.
Otro tema es el servicio de la deuda con los Multilaterales que, en el caso de no existir acuerdo con el FMI, se convertirá en una carga de enormes repercusiones en las finanzas públicas. En la pregunta siguiente se complementa este aspecto.
La defensa nacional, en especial las necesidades derivadas de la conflictividad colombiana es otro aspecto de consideración.
Juega a favor el Fondo de Estabilización Petrolero, que ojalá se cree en la Ley de Transparencia Fiscal y que se convertirá en un regulador de los ciclos fiscales.
Finalmente, esperemos que el gobierno no asuma responsabilidades adicionales a las presupuestarias, y entregue la información al país con oportunidad y veracidad para apreciar la evolución de sus cuentas.
Si no se recorta los gastos presupuestarios, habrá condiciones para negociar con el FMI, a pesar de el alto precio del petróleo.
No creo. Tengo la impresión de que la reducción de los 500 millones, que debe ser establecida de una forma inequívoca y muy precisa, no es negociable. Me parece que el pago de los atrasos al Club de Paris por 50 millones también es parte de la agenda de “acciones previas” al Stand by. La aprobación de la Ley de Transparencia Fiscal es otro elemento del acuerdo previo, al igual que la solución del “déficit eléctrico” creado con el congelamiento de tarifas.
El aumento del precio del petróleo ayuda a la negociación pero no parece ser un determinante. La situación de la caja fiscal es apremiante. Los depósitos en el Banco Central han caído en más de 150 millones de dólares desde fin de año.
Como están las cosas parecería que un acuerdo “ad-referendum” con el FMI es posible para que el Directorio lo conozca a fines de mayo. Eso si, cualquier tropiezo puede terminar con la negociación y poner en aprietos al gobierno al no disponer de los desembolsos del Banco Mundial y del BID.
¿Por qué el Ecuador no aprovecha las condiciones del mercado peruano, una vez que se logró la paz?. En este aspecto ¿por qué los empresarios de la Costa, sobre todo los de Guayaquil, no toman la iniciativa?
La cifras dicen lo contrario. Desde 1998, año de la firma del Acuerdo de Paz, el comercio con el Perú ha crecido consistentemente. Ese año vendimos 200 millones de dólares y compramos 98 millones. El año pasado (2001), vendimos (exportamos) 336 millones y compramos (importamos) 102 millones. La balanza comercial es positiva en 236 millones y 2.3 veces mayor que en 1998.
Estamos en peligro de perder el mercado colombiano por cuanto cada vez más la ruta terrestre tiene mayores peligros y dificultades.
Ese es un problema grave. Indiscutiblemente que la beligerancia afecta las transacciones en ambos sentidos. Sin embargo, hasta ahora se tiene la impresión de que hay formas de obviar esta limitación. Sin embargo, el uso de medidas protectivas, como la impuesta a los aceites son más dañinas para la integración. Confirman la existencia de compromisos internos superiores a los de política comercial andina y Colombia siempre encuentra alguna explicación a estas trabas.
¿Cuál es su opinión de la nueva estrategia del gobierno sobre el 51% de las acciones del Fondo de Solidaridad, en lo referente a una contratación de administración externa internacional? ¿Por qué desde el principio políticamente no presentó las dos opciones.
Coincido con la propuesta. Si fracasó la venta del paquete mayoritario y se quiere arreglar los problemas administrativos que generan costos altos, una forma adecuada de hacerlo es contratando administradores profesionales que tengan el poder y la independencia necesarios para corregirlos.
Los nuevos administradores deben tener un mandato muy claro: reducir el robo de energía y reestructurar las funciones de todo el personal para, en conjunto, bajar costos de manera simultánea con el aumento de ingresos. Probablemente aquí está sobre simplificada la complejidad organizacional de las distribuidoras de electricidad. Pero, eso es lo que se busca.
Lo que vamos a ver los próximos días es el grado de compromiso que los Municipios y Consejos Provinciales tienen con el “propósito de enmienda” de las distribuidoras. Ojalá no asomen las excusas de minucia que esconden otros intereses y compromisos.
¿Por qué el gobierno no actuó así desde el principio?.
No sé. Lo que vimos es una posición irreductible, poco comunicativa, que escondió esta opción.
Colaboración
Diario EL COMERCIO
Abril 25 del 2002