Un juego peligroso
Siempre hay una buena excusa para justificar lo hecho. El sofisma es casi una ley de la política nacional. Se lo usa para defender una causa y, poco tiempo después, también para atacarla. Pocas veces se ve con claridad la consistencia entre lo declarado y la decisión tomada. Se juega con la credibilidad como si fuera parte de una apuesta intrascendente. Los ejemplos de esta conducta abundan.
En 1998 se sostuvo que el ICC era la salvación de la política tributaria. A pesar de los reparos a su inclusión en sustitución del impuesto a la renta, se lo impuso. Todos sabemos lo que ocasionó. Pues bien, cuando aparecieron los beneficios para el Estado y el país ya había asumido las pérdidas, había que eliminarlo. El argumento oficial fue que perjudicaba al sistema financiero, a pesar de que ese gremio sostenía lo contrario. Tampoco se oyó al SRI, que tenía en este instrumento una fuerte base informativa de lucha contra la evasión tributaria. Por último, se lo eliminó cuando el fisco no tenía dinero y proponía el aumento del IVA.
La historia del RUC para el pago del impuesto a la propiedad de los vehículos es parecida. Mientras estuvo en vigencia sirvió para identificar mas de 500.000 ecuatorianos que no constaban en la lista de contribuyentes. Tan pronto se sintió el efecto aparecieron todo tipo de argumentos para eliminar este requisito. La razón de fondo fue, una vez mas debilitar el sistema informativo del SRI.
Ahora se acaba de aprobar un reglamento de devolución de impuestos a las exportaciones. Las razones lucen estupendas: Hay que promover las exportaciones y en ese plano le corresponde al Estado reintegrar los tributos pagados cuando los productos se venden en el exterior. Lo que no se entiende es el enredo creado para cumplir un propósito tan simple y diáfano: devolver los impuestos pagados. ¿Qué tiene que ver la matriz de producción?. ¿Para qué se necesita contratar auditorias?. ¿Por qué se fijan plazos perentorios incumplibles?. ¿A qué viene la fijación de porcentajes de devolución?.
Las exportaciones que hayan pagado impuestos presentan los recibos de pago y reciben inmediatamente el reembolso. Eso es todo. No hay necesidad de crear mecanismos especiales. Lo que tiene que estar claro es que se devuelve lo realmente pagado. Obrar de otra manera daría lugar al aparecimiento de un subsidio no justificado. ¿Habrá algo de eso?
Igual se puede proceder para mejorar las recaudaciones de las importaciones. Hay que obligar a la verificación en origen de toda mercadería que venga al país. Nada más. En otras palabras, mantener normas sencillas, inequívocas y generales. Sin embargo se mantienen los tratamientos discriminatorios.
La suspensión abrupta de los ajustes de las tarifas telefónicas y de luz abre un nuevo hueco en las finanzas públicas, pasa la carga al que venga y confirma la volubilidad de los compromisos oficiales. A pesar de la mejoría del precio del petróleo, el déficit fiscal está a la vista, pero se siguen debilitando los instrumentos de control tributario. Se eliminan recursos que eran parte de la programación económica. Se soslaya estos efectos y ahora la inflación es la explicación. Antes sostenían lo contrario. En fin se construye un camino peligroso que no nos lleva a Roma. La politización de la economía sigue vigente.
Colaboración Editorial
Diario EL COMERCIO
Abril 17 del 2002