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Una ley indispensable

La Ley Orgánica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal es indispensable. El Congreso tiene la oportunidad de trascender con una decisión realmente histórica que daría un giro en la forma de manejar los recursos públicos y completaría lo que ya hizo en Marzo del 99 cuando le dio facultades al SRI y cambió la política tributaria.


Todos los programas económicos que han fallado en alcanzar sus metas han tenido como denominador común las veleidades políticas del gasto público. En épocas de campaña electoral los gobiernos, no todos por cierto, rompieron sus compromisos con la austeridad y el manejo responsable de los recursos públicos. Acudieron al endeudamiento público y con ello construyeron el problema de la dependencia nacional en el servicio de estas obligaciones.


Ahora, cuando con la dolarización cuando hay que desarmar esta tremenda bomba que puede despedazarnos, surgen las opiniones de porqué se debe privilegiar estos pagos. Se invoca la ética. Se recurre a la moral y, por último se afirma que primero están las obligaciones sociales. En los análisis se omite, no se si deliberadamente o de manera fortuita, la evaluación de las consecuencias nacionales de un nuevo estrangulamiento externo provocado por incumplimiento de las obligaciones internacionales. ¡Acaso no se ve con claridad lo que está ocurriendo en Argentina.! Da la impresión que se leen las noticias pero no se las asimila. Al Ecuador no le queda otra opción que manejar bien el país para contar con los recursos internacionales que exige el desarrollo.


Entonces lo que hay que hacer es desarmar lo más rápido posible, de una forma organizada, racional y voluntaria, el tamaño de la deuda pública para adecuarla a la capacidad de pago del país y, de esta forma liberar, y esto es muy importante recalcar, liberar los recursos que ahora sirven para el servicio de la deuda. Y eso lo podemos conseguir sin afectar la estructura del gasto actual, usando los nuevos recursos petroleros, sin reducir la prioridad de los sectores sociales, a los cuales por supuesto se les debe someter a una política de “calidad de gasto” muy distinta de la actual. Aprovechemos esta etapa de crecimiento para consolidar la nueva economía nacional. Actuemos en lo público como lo hacemos en lo privado pagando las deudas cuando tenemos recursos extras..


Si no hacemos esto, es decir si no cuidamos la viabilidad del Ecuador, mas temprano que tarde enfrentaremos un costo social desproporcionadamente enorme. Y ahí los que pagarán, otra vez, los platos rotos son los pobres.


Creo que el concepto de responsabilidad fiscal y la eliminación de las garantías del gobierno a los demás organismos del sector público es otro paso trascendente, que requiere de la aprobación de la reforma al sistema tributario municipal para fortalecer las finanzas de esas entidades. En esas condiciones pueden pignorar sus rentas ante los multilaterales para recibir créditos sin ayuda del gobierno.


Habría que incluir disposiciones para sancionar a quienes rompen los principios de manejo responsable creando la obligación de cubrir esas decisiones con su peculio personal además de la sanción penal pertinente. Así de duro hay que ser para desterrar el clientelismo político y asegurar lo que se busca.


Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Abril 4 del 2002

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